Un pésimo regalo de Navidad

Un pésimo regalo recibieron los venezolanos en la Navidad de 2010. En enero se instala una nueva Asamblea Nacional con participación significativa de la oposición, de manera que el presidente Hugo Chávez aprovechó los últimos días del parlamento anterior, casi cien por ciento chavista, para pasar un puñado de leyes que castran a la Asamblea entrante y lo dejan a él con poder de gobernar por fiat.

Una de esas leyes es del ámbito de esta columna. Se trata de la “Ley Resorte”, como se conoce la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión: un embeleco de 56 páginas en el que por ningún lado aparece la palabra ‘Internet’, pero que acaba de ser modificada para incluir en su alcance todos los “medios electrónicos”.

So pretexto de proteger a menores de edad de contenidos sexuales o violentos, la Ley Resorte se ha invocado en el pasado para censurar y cerrar estaciones de radio y TV. Así le sucedió a la venerable Radio Caracas Televisión, y así seguramente le sucederá a Globovisión, único canal de TV crítico de Chávez que sigue al aire —aunque no por mucho tiempo—.

Pero ya querer controlar el Internet con las restricciones horarias con que se regulan la radio y la TV —que es lo que pretende esta ley— es de una ignorancia tan elemental que mi primera reacción fue la pena ajena. En el ciberespacio la información está almacenada en servidores y viaja por la red cuando es solicitada. No sé quién le dijo a los legisladores chavistas que en Internet los contenidos se pueden “transmitir” según la hora del día; que se pueden establecer franjas horarias aptas para adultos; que un servidor de pornografía en Rusia ejercerá recato hasta que en Venezuela den las 9 de la noche.

Ese analfabetismo digital no preocupó a los asambleístas, ya que el propósito real de esta enmienda no era proteger a nadie, sino entregarle al gobierno medios para restringir la libertad del uso del Internet, como lo hacen Cuba, China, Irán y Corea del Norte.

En una de las disposiciones más insólitas, se prohíbe —de manera general— “el anonimato” en los medios, lo que llevará al cierre de casi todos los foros en línea de origen venezolano. Como no se pueden regular los contenidos que se generan en el extranjero, serán los proveedores de acceso a Internet los responsables aplicar la medida. Entendamos bien lo que implica esto por medio de una analogía, que ilustra el tamaño del disparate: es como si la compañía que opera las redes telefónicas tuviera que responder por las conversaciones que tienen sus usuarios.

Esto le dará a Chávez la facultad de cerrar proveedores de acceso a su antojo y con cualquier excusa: la simple lectura de esta columna, por ejemplo, podría dar pie para un cierre. Lo que busca es que solo sobrevivan los proveedores amañados a la ideología estatal.

Lo único positivo que hay en todo esto es que es poco probable que Venezuela tenga la disciplina técnica para hacer funcionar su propio engendro. Controlar el acceso a la radio y TV, en los que las señales están centralizadas en unas pocas estaciones, es muy distinto a hacerlo con el Internet, que es una red descentralizada y distribuida por todo el globo. Parece que eso tampoco se lo explicaron a los legisladores venezolanos.

Es una vergüenza que el vecindario se quede callado ante tamaño golpe a la libertad de expresión, que atañe al medio más democrático que existe. Habremos de arrepentirnos. En nuestra región los malos ejemplos se contagian con facilidad, y pronto veremos a otros países del continente —ya podemos adivinar algunos— emulando el pésimo ejemplo del comandante Chávez.

Una versión de esta columna apareció publicada en El Heraldo de Barranquilla el 3 de enero de 2011.