Una línea que debe ser trazada por la ciencia

El debate sobre el aborto en Colombia, que revivió la semana pasada por cuenta de la intención de algunos senadores de volver a prohibirlo, se está dando alrededor de las circunstancias del embarazo: si la madre fue violada, si su vida está en riesgo, etc. Esto es entendible, pero desafortunado. Para los defensores de la libertad de abortar, la justificación de acuerdo con las circunstancias de la concepción es la fruta bajita, el logro más alcanzable en lo que es un tema muy complejo. Para los opositores es un punto en el que tal vez puedan transigir por razones humanitarias. Pero en ambos casos se trata de una manera de evadir el debate real. Ni la mayoría de los embarazos interrumpidos son producto de violaciones, ni se enfrenta la cuestión de fondo: ¿a partir de qué momento debe el Estado defender la vida del feto?

El otro problema con los argumentos basados en circunstancias es que para discutir el asunto se invoca más la intencionalidad del embarazo —si fue deseado o no— que realidades biológicas que apliquen con más generalidad a todos los embarazos.

Hasta los más acérrimos defensores de la libertad de abortar deben aceptar que llega un momento en el que el organismo que crece dentro del vientre de la madre ya tiene sistema nervioso, habilidades cognitivas superiores y hasta las emociones de un ser humano desarrollado. Se trata ya de un individuo con un comienzo de personalidad, independiente de la madre, cuya eliminación constituiría un asesinato y que por lo tanto el Estado debe proteger.

Por el otro lado, hasta los prohibicionistas más intransigentes tendrán que aceptar que no hay nada en la ciencia que justifique imbuir de características humanas, ni de los derechos que le corresponden a un ciudadano, al puñado de células que se organizan luego de la concepción. Como esas células no sienten, ni piensan, ni actúan sino por división celular automática, solo una perspectiva religiosa, que vea un alma en el óvulo fecundado, puede atribuirles el estatus especial de vida “sagrada”. Pero como las razones religiosas no tienen cabida en un estado laico, las cortes no pueden adoptar esa posición. No es valido tampoco el argumento de la crueldad hacia el embrión. A diario, y sin que nos asalten mayores remordimientos, matamos miles de cerdos, reses, peces y aves: organismos, esos sí, con un sistema nervioso desarrollado y con capacidad real de sentir pavor y dolor. Solo una visión religiosa y antropocéntrica del universo puede hallar más vida en el cigoto que en un animal adulto.

Entre esos dos extremos, entonces, existe un territorio gris, un no-man’s land que la sociedad debe explorar para trazar la raya antes de la cual la mujer decide qué hacer con su cuerpo —e interrumpir el embarazo, si lo desea—; y después de la cual el Estado protege al nuevo ser como a cualquier otro ciudadano. (Aunque dada la labor que el estado colombiano ha hecho de protegernos la vida, proteger al feto “como a cualquier otro ciudadano” quizás sea una maldición.)

Esa línea debe ser trazada sin invocar argumentos relativos a la circunstancia de la concepción o la intencionalidad del embarazo. El proceso será sin duda polémico y estará sembrado de innumerables batallas jurídicas y científicas. Concluirlo será la labor de cortes, juristas, médicos, biólogos, representantes de cada bando, y de años de debate, pero la sociedad tiene la obligación de mirar de frente el tema y tomar una posición clara frente a él, permitiendo que la mano que dibuje la línea sea guiada por la ciencia, no por el feminismo, la religión o la política. No hacerlo es cerrarle las puertas a avances importantes como la fertilización in vitro o el uso con fines médicos de células madre; y condenar a las mujeres colombianas a un estado premoderno de ser paridoras antes que personas.

Una versión de esta columna apareció en El Heraldo de Barranquilla el 18 de octubre de 2011.